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En un año preelectoral, tanto opositores como aliados del oficialismo retoman el impulso para avanzar con el proyecto de ley denominado Ficha Limpia, que busca impedir que personas condenadas puedan postularse como candidatos. Esta iniciativa quedó trunca el año pasado en medio de un confuso episodio. Esta semana, el bloque del PRO presentó un proyecto en el Senado, mientras que en Diputados hicieron lo propio la bancada de Unidos, la Coalición Cívica y la diputada radical Karina Banfi.
¿Por qué esta coincidencia? «Es una sincronía que organizamos con el movimiento de Ficha Limpia», reconoce un legislador que lleva años trabajando en esta causa. Las organizaciones de la sociedad civil se contactaron con ellos, lo que motivó la presentación simultánea de las iniciativas.
El año pasado, por primera vez, la iniciativa —que se impulsa desde 2016 en el Congreso— logró avanzar en Diputados y, cuando se encaminaba a convertirse en ley en el Senado, los dos senadores misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce —quienes hasta entonces actuaban como aliados de La Libertad Avanza (LLA)— votaron en contra, a pesar de haber manifestado su apoyo previamente, y se retiraron rápidamente de la sesión.
En aquel momento trascendió que el exgobernador y líder del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira, había reconocido que el oficialismo le había solicitado votar en contra. Javier Milei lo negó rotundamente, mientras que los senadores misioneros nunca brindaron una explicación pública.
En medio de la polémica, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó una conferencia en la que responsabilizó al PRO y a Silvia Lospennato —quien por entonces era candidata en la elección porteña— por «impericia». Adorni afirmó que fueron los mismos senadores del PRO quienes, sin esperar la firma del acuerdo, aceleraron el trámite y bajaron al recinto para votar, “persiguiendo vaya a saber qué especulación electoral”.
Actualmente, con La Libertad Avanza incrementando su representación en el Senado de 6 a 21 miembros, los números ya no deberían ser un obstáculo para que el oficialismo impulse nuevamente la ley.
**Los proyectos**
El primero fue presentado por la santafesina Gisela Scaglia junto a otros integrantes del interbloque Unidos que preside. El texto propone inhabilitar para postularse a quienes tengan condenas firmes por corrupción, fraude contra el Estado, lavado de activos, abuso, trata de personas, narcotráfico, delitos contra la vida, la integridad física y el orden constitucional. Además, incorpora como causal de inelegibilidad a los deudores alimentarios morosos.
El proyecto del PRO en el Senado establece que quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia por corrupción, narcotráfico o delitos graves no podrán ser candidatos ni ocupar cargos públicos. Además, crea un Registro Público en la Cámara Nacional Electoral para garantizar su aplicación automática.
“Durante diez años promovimos, debatimos, peleamos y llevamos al recinto en varias oportunidades este proyecto para que sea ley. En este nuevo período parlamentario, sigo comprometida con la integridad de los funcionarios y servidores públicos para representar a la ciudadanía y dar lugar a un nuevo debate”, afirmó Karina Banfi.
Por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, agregó: “Vamos a trabajar junto al resto de los diputados para que esta vez sea ley”.
