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Una denuncia presentada por un grupo de internos ante la fiscalía de La Plata expuso una compleja red de corrupción y coerción dentro de la Unidad Penal 9, ubicada en el barrio Villa Elvira. Esta revelación llevó a la funcionaria judicial a iniciar una investigación que, tras un primer allanamiento, descubrió la existencia de un sauna, una red de videojuegos, computadoras, routers para acceso a wifi, decenas de teléfonos celulares y negocios comerciales ilegales, como la venta de pizzas, tortas, milanesas y cigarrillos.
El operativo, realizado el pasado viernes, sorprendió a los investigadores por la cantidad de dispositivos electrónicos y elementos de comunicación incautados. Las autoridades trabajan para ampliar la pesquisa y determinar el modo de operación y los integrantes de la organización que cobraba a presos con mayor poder adquisitivo por acceder a privilegios durante su permanencia en el penal.
Según la denuncia, a la que tuvo acceso Clarín, los habitantes del pabellón 16 —donde se alojan exagentes de fuerzas de seguridad— acusan a un grupo de seis internos por extorsión, ventas ilegales y presunta complicidad con empleados del Servicio Penitenciario Bonaerense para facilitar estas actividades ilícitas.
Entre los negocios informados, destacan el control de servicios internos, como una peluquería con un costo de 4.000 pesos por corte, repostería con tortas a 9.000 pesos, venta de cigarrillos a 3.000 pesos por paquete y una rotisería que ofrece pizzas a 17.000 pesos, gaseosas a 25.000 y sándwiches de milanesa entre 15.000 y 16.000 pesos. Las milanesas, elaboradas en un sector de la biblioteca con recursos del penal, se abonan tanto en efectivo como mediante billeteras virtuales.
Además, el grupo impone cuotas mensuales a otros presos: dos paquetes de cigarrillos por estancia, tres para usar el gimnasio y pagos por visitas familiares en el salón de usos múltiples (SUM), bajo amenaza de expulsión o traslado.
Frente a esta situación, la fiscal Virginia Bravo, con el aval de la jueza de Garantías 5, Marcela Garmendia, encabezó el allanamiento acompañado por agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones y peritos de la Policía Científica.
Durante la inspección celda por celda, se incautó un centenar de teléfonos celulares, notebooks, routers y amplificadores de señal wifi, discos portátiles de almacenamiento y consolas de videojuegos de última generación, como una Playstation 5. La fiscal secuestró estos elementos e identificó a sus propietarios para definir próximas imputaciones o solicitar nuevas medidas judiciales para desmantelar esta red ilícita.
Los denunciantes también alertaron que el grupo que controla el pabellón ejerce coerción psicológica y que, hace un mes, golpearon a un interno sin que las autoridades sancionaran el hecho. Además, señalaron la introducción ilegal de marihuana, cocaína y pastillas para su comercialización.
Finalmente, destacaron que la organización opera un “call center” con una red inalámbrica para llevar a cabo estafas virtuales, cuyo uso se alquila entre 15.000 y 20.000 pesos.
