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El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas alcanzó un nuevo pico de tensión luego de un cruce de declaraciones que reflejan visiones opuestas sobre la crisis educativa. Mientras el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, focalizó su preocupación en la pérdida de días de clase por los paros docentes, las autoridades universitarias respondieron señalando el desfinanciamiento del sector.
Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, informó que ha intimado a los rectores de las universidades nacionales a que informen las medidas adoptadas para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes afectados por los paros impulsados por los gremios.
Desde la cartera nacional expresaron una “extrema preocupación” por la suspensión total de actividades en diversas facultades del país. En ese sentido, el Gobierno exigió a las autoridades académicas la presentación de un plan de contingencia que contemple modalidades alternativas para que los estudiantes recuperen las clases perdidas, como herramientas virtuales o reprogramaciones.
Para el Ejecutivo, la operatividad del sistema es una condición indispensable para el otorgamiento de fondos: “El sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho a enseñar y aprender”, señala el comunicado oficial.
La réplica no se hizo esperar. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), utilizó un tono irónico para profundizar sus críticas hacia la gestión de Javier Milei. “Celebramos que por primera vez el Ministerio de ‘Capital Humano’ reconozca que en Argentina no se está garantizando el derecho a la educación”, sostuvo el dirigente radical.
Yacobitti advirtió que el verdadero riesgo para los derechos constitucionales no proviene de las protestas gremiales, sino de la falta de presupuesto vigente. “Esto ocurre porque el Gobierno nacional no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, implementando una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, recordó, haciendo referencia a una normativa que fue ratificada por la Justicia.
El vicerrector subrayó que las universidades siguen operativas únicamente gracias al compromiso de sus trabajadores: “Las instituciones permanecen abiertas por el enorme esfuerzo de profesores, investigadores y personal no docente”.
De cara a la marcha convocada para el 12 de mayo, el conflicto parece encaminado a una nueva demostración de fuerza en el espacio público. Yacobitti advirtió que los intentos del Gobierno por responsabilizar a los rectores no harán desistir los reclamos salariales y presupuestarios.
“No lograrán desviar el eje del debate con provocaciones. El próximo 12 de mayo estaremos miles en las calles, porque la universidad pública es un orgullo de toda Argentina”, concluyó, reafirmando la convocatoria a una movilización nacional masiva en defensa de la educación pública.
