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El juez federal Sebastián Casanello hizo lugar a una veintena de medidas de prueba solicitadas por el fiscal Guillermo Marijuan, con el objetivo de determinar si Francisco Adorni, hermano del Jefe de Gabinete, incurrió en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Entre las medidas ordenadas, se incluyó el levantamiento del secreto fiscal y bancario.
Mientras Manuel Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito por el fiscal Gerardo Pollicita, la causa sobre Francisco Adorni —actual diputado bonaerense y ex funcionario del Ministerio de Defensa durante la gestión libertaria— fue puesta bajo la lupa por otra fiscalía.
Al abrir la investigación, el fiscal sostuvo: “La pesquisa tiene por objeto la hipótesis del presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni, que habría ocurrido durante el período en que se desempeñó en funciones en el ámbito ejecutivo nacional, desde diciembre de 2023, cuando asumió como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa de la Nación”.
Entre los hechos bajo investigación se encuentra un crédito hipotecario de 60 millones de pesos que se habría cancelado en doce meses, la adquisición del 50% de un vehículo y un presunto aumento patrimonial del 84% en un año.
El fiscal Marijuan requirió veinte medidas de prueba para reconstruir de manera integral el patrimonio y el flujo de fondos de Francisco Adorni desde 2020 hasta la actualidad. En primer lugar, el juez ordenó el levantamiento de secretos y acceso a datos fiscales para obtener la documentación del ARCA (ex AFIP).
Además, se deberá remitir a la fiscalía un informe completo del sistema EFISCO, que incluya declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e IVA, perfiles de “signos de actividad”, antecedentes de seguridad social y regímenes de facturación electrónica, tanto de compras como de ventas.
El fiscal también indaga si Adorni se acogió a algún régimen de blanqueo de capitales o realizó declaración voluntaria de tenencia de moneda, motivo por el cual se impulsaron medidas específicas en esa dirección.
Para rastrear sus movimientos financieros, se autorizó el pedido de informes a la AGIP y ARBA sobre impuestos activos, deudas y pagos registrados por bienes inmuebles o automotores en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
A través del Banco Central, se solicitó una circular a todas las entidades financieras para que informen sobre “Cuentas y Movimientos”: extractos de cuentas corrientes y cajas de ahorro en pesos y dólares, detallando fechas, conceptos, montos y CBU de origen y destino de todas las transferencias.
Respecto a sus inversiones y créditos, se requirió un detalle de plazos fijos, fondos comunes de inversión, compras de moneda extranjera u oro, y especialmente el historial de créditos hipotecarios y prendarios.
La fiscalía busca además información sobre cajas de seguridad, incluyendo registros de visitas, apoderados y tamaño de las cajas contratadas, así como copia de la documentación presentada ante los bancos para justificar el origen de sus fondos, en cumplimiento con la normativa antilavado.
En relación con los registros de propiedad y sociedades, se solicitó documentación sobre inmuebles a su nombre: titularidad, porcentajes, formas de adquisición y gravámenes (hipotecas) constituidos o cancelados desde 2020. De igual manera, se realiza un rastreo sobre automotores, con historial de compras y ventas, montos de las operaciones y cédulas de autorización para conducir otorgadas a terceros.
Para contrastar su patrimonio con ingresos legítimos, se requirió al Ministerio de Defensa el legajo personal de Adorni, copias de sus actos administrativos desde 2023 y detalle pormenorizado de sus haberes percibidos.
En la misma línea, a la Oficina Anticorrupción se le ordenó remitir las declaraciones juradas patrimoniales —públicas y sus anexos reservados— presentadas desde su ingreso a la gestión pública.
Entre otros cruces de información, a la Dirección Nacional de Migraciones se solicitó el historial de entradas y salidas del país. En el caso de tránsitos terrestres, también se pidió identificar a los acompañantes de sus vehículos.
Asimismo, a la Unidad de Información Financiera (UIF) se le requirió un informe de colaboración que incluya información financiera, societaria y posibles antecedentes vinculados a investigaciones penales o administrativas.
Finalmente, ante la sospecha de movimientos de fondos a través de empresas de envío de dinero, se solicitó a Western Union, Correo Argentino y entidades similares informes sobre giros realizados o recibidos por Adorni.
