Doce días sin rastros de la profesora de plástica que se hacía pasar por médica

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27 de abril de 2026                                                                                                                         Lectores: 35

 

Lidia Mabel Ojeda, acusada de ejercer ilegalmente la medicina en hospitales públicos del Chaco, permanece prófuga desde hace doce días. La Justicia ordenó su captura nacional e internacional tras descubrirse que utilizaba una matrícula profesional ajena.

Ojeda, de 43 años y profesora de artes plásticas, se desempeñó entre agosto de 2024 y abril de 2026 en los hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza. Durante ese período, atendió pacientes, emitió recetas, realizó diagnósticos y firmó al menos nueve certificados de defunción.

Para ejercer, utilizaba la matrícula MP 6822, perteneciente al médico Horacio Daniel Vázquez. La maniobra quedó al descubierto cuando personal de salud advirtió inconsistencias en su desempeño profesional.

El último registro confirmado de Ojeda data del 15 de abril de 2026, cuando cámaras de seguridad la captaron en la terminal de Sáenz Peña abordando un micro de la empresa Águila Dorada con destino a Buenos Aires.

Durante un allanamiento en su domicilio del barrio San Cayetano, la Policía secuestró bisturíes, agujas, uniformes médicos, documentación y papeles quemados, entre ellos un sello oficial del Ministerio de Salud.

La causa expuso graves fallas en los mecanismos de control. Según se informó, no se verificaron títulos ni se cruzaron datos entre el DNI y la matrícula profesional al momento de su incorporación.

El director del Hospital Dr. Emilio F. Rodríguez de Quitilipi, Alfredo Acuña, admitió que la mujer fue incorporada “de buena fe” y reconoció que no se le exigió la documentación correspondiente.

La fiscalía investiga a Ojeda por ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título. Mientras tanto, continúan surgiendo testimonios de familiares de pacientes que fueron atendidos por la falsa profesional.

El caso no solo involucra a una presunta impostora, sino que también abre interrogantes sobre los controles en el sistema de salud pública y las responsabilidades administrativas en su contratación.

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