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10 de agosto de 2026
El colapso de la firma de call center en Fontana expone una red compleja de falta de pagos estatales, despidos arbitrarios y una crisis social que escala en los juzgados chaqueños.
El cierre definitivo de la sede de la empresa Contactus en la localidad de Fontana ha provocado un grave conflicto laboral y social que afecta de forma directa a 85 trabajadores. La situación ha escalado a una instancia legal compleja en la que la compañía atribuye su colapso a una deuda de más de 166 millones de pesos que el Gobierno del Chaco mantendría con la firma, mientras que los empleados denuncian un esquema de despidos arbitrarios, salarios impagos y un entorno de hostigamiento que ha dejado a las familias en una situación de total vulnerabilidad.
La versión empresarial: denuncia de asfixia financiera
Según documentación oficial presentada el 13 de julio de 2026 ante la Subsecretaría de Trabajo, la firma CONTACTUS S.A. sostiene que su inviabilidad operativa es consecuencia directa del incumplimiento estatal. A través de su apoderado legal, Juan Pablo Mosquera, la empresa reclama a la administración provincial una deuda exigible de $166.384.785,55.
Estos fondos corresponden a los beneficios establecidos en el Régimen de Promoción de Call Center (Ley 1669-F y Decreto N° 1165/25). La defensa de la compañía alega que, tras un cumplimiento regular de los pagos hasta marzo de 2025, el Estado provincial interrumpió las transferencias a partir de abril de 2026. Esta interrupción habría generado una «asfixia financiera» que, según la empresa, le impidió afrontar el pago total de los salarios de junio, así como las indemnizaciones y liquidaciones finales de los trabajadores desvinculados.
El drama de los trabajadores: despidos y precariedad
En contraste con los argumentos financieros de la patronal, los ex empleados describen un escenario de precarización sistemática que comenzó mucho antes del cierre definitivo. De acuerdo con testimonios de los afectados, la empresa inició un proceso de despidos escalonados en noviembre del año pasado, caracterizado por la falta de previsibilidad y el maltrato emocional.
«Terminabas tu jornada laboral y te decían que pasaras por Recursos Humanos para notificarte el despido», relató una de las damnificadas.
La crisis alcanzó su punto crítico el pasado 6 de julio, fecha en la que debían percibirse los haberes de junio. Los trabajadores denunciaron el depósito de sumas irrisorias que en algunos casos apenas alcanzaron los 15.000 pesos, mientras que otros recibieron pagos parciales de 238.000 pesos, cifras que no cubren los mínimos legales ni las necesidades básicas de subsistencia. A esto se suma la denuncia de condiciones laborales abusivas, que incluyen la falta de vacaciones desde finales de 2024 y un ambiente de presión psicológica que derivó en tratamientos de salud mental para parte del personal.
Incertidumbre y parálisis operativa
Al día de hoy, las instalaciones de Contactus en Fontana se encuentran inactivas y solo cuentan con personal de mantenimiento. Mientras los expedientes administrativos avanzan en la Subsecretaría de Trabajo a la espera de una definición por parte del Poder Ejecutivo provincial, 85 familias enfrentan un futuro incierto.
El reclamo unificado de los trabajadores exige la cancelación inmediata de los haberes adeudados y la regularización de las indemnizaciones correspondientes por ley, en medio de una disputa cruzada entre el sector privado y el Estado.
