El Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña dictó el procesamiento del exgobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, y de la exministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, Marta Soneira, por su presunta responsabilidad en un esquema de adjudicaciones irregulares de tierras fiscales. La medida judicial también alcanza a Mauricio Cian, pareja de la exministra, y a un grupo de empresarios, bajo cargos de fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

Detalles de la resolución judicial

La resolución, emitida tras una investigación iniciada en mayo de 2024, vincula a los exfuncionarios con la concesión de miles de hectáreas de alto valor productivo en el Departamento Almirante Brown. Según el fallo, el magistrado interviniente halló elementos suficientes para procesar a Capitanich y Soneira como coautores de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

En el caso del exgobernador Capitanich, la justicia le imputa haber refrendado mediante decretos las adjudicaciones que consolidaron el presunto perjuicio patrimonial al Estado. Por su parte, Marta Soneira es señalada como la pieza central del entramado, al haber intervenido directamente en los expedientes administrativos que beneficiaron a socios comerciales de su pareja.

El esquema de adjudicaciones y los empresarios involucrados

La causa sostiene que el mecanismo ilícito consistía en adjudicar tierras fiscales a valores significativamente inferiores a los de mercado. Los principales beneficiarios habrían sido Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochón, socios comerciales de Mauricio Ariel Cian, pareja de Soneira. Cian, quien se desempeñaba como socio gerente de las firmas «Grupo Pampa Agro SRL» y «Pampa Semillas SRL», fue procesado como coautor de fraude a la administración pública.

La investigación se originó tras una denuncia presentada por Ana María Canata, entonces presidenta del Instituto de Colonización, quien alertó sobre la utilización de la estructura estatal para favorecer al entorno privado de la exministra Soneira.

Sobreseimientos y falta de mérito

A pesar de la gravedad de las imputaciones por defraudación, el juzgado decidió excluir las figuras penales de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, al considerar que no se han acreditado las pruebas necesarias en esta etapa del proceso.

Asimismo, la resolución dictó el sobreseimiento definitivo de Federico Gabriel Soneira y Diego Manuel Soneira, al no hallarse vínculos con las maniobras investigadas. En la misma línea, se otorgó la falta de mérito a Sheina Marlene Waicman, exdirectora del Instituto de Colonización, y al empleado Darío Osvaldo Giménez, quienes quedan desvinculados provisoriamente de la causa mientras continúa la instrucción.