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PROVINCIALES
11/04/2017
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas elevó a la Justicia Federal el dictamen del caso denunciado hace dos años por la entonces diputada Ana María Canata. Investigan el destino de fondos nacionales para obras de las cooperativas.
El fiscal federal Patricio Sabadini suma una nueva causa. A las ya mediáticas Lavado 1 y Lavado 2 se agrega “Lavado y enjuague”, en la que investiga el destino de fondos para la construcción de viviendas remitidos a la Provincia desde el Gobierno nacional entre los años 2011 y 2015, durante la gobernación de Jorge Milton Capitanich y la gobernación interina de Juan Carlos Bacileff Ivanoff.
La causa surgió tras la denuncia que presentara la exdiputada provincial Ana María Canata ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, alertando sobre presuntas irregularidades en el manejo de los fondos para obras de viviendas ejecutadas por cooperativas, en buena parte de los casos para familias indígenas.
Sabadini contó que hace unos 30 días la FIA remitió el informe a su fiscalía con el dictamen firmado por el fiscal adjunto, que cuestiona la administración de los fondos y los vínculos con las cooperativas, muchas de las cuales no construyeron las obras pero obtuvieron las certificaciones.
Para él, el dictamen de la FIA es prácticamente una “codenuncia” que se suma a la de Canata.
El caso aún está en etapa de investigación, pero aseguran contar con “una base” que le permitiría presentarle las pruebas a la jueza federal Zunilda Niremperger para avanzar con una instrucción formal.
Entre algunos aspectos llamativos de la investigación, observó que cinco cooperativas tenían igual denominación, por lo que hubo que entrevistar a sus responsables para identificarlas y saber cuál de ellas había recibido dinero y cuánto, y qué obras estaban ejecutando.
Además de los nombres de las cooperativas, también estarían repetidos los nombres de los responsables de varias organizaciones.
“Hay personas que se encargaban del lavado y enjuague del dinero recibido por las cooperativas, del desvío” y del destino final, lo que para él constituiría fraude en perjuicio de la administración pública.
La denuncia apuntaría a funcionarios que pasaron por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv) entre 2011 y 2016 o la fecha en que se “paralizaron” las obras de las cooperativas, algo que según denunció el Gobierno provincial ocurrió algunos meses antes de la asunción de Mauricio Macri como Presidente de la Nación.
En ese lapso presidieron el Ipduv el actual titular de la Administración Tributaria Provincial: José Valentín Benítez, el ahora gobernador Domingo Peppo que reemplazó a Benítez en diciembre de 2012, cuando éste asumió al frente del Insssep, y Sebastián Agostini, que reemplazó a Peppo tras la reasunción de Jorge Capitanich como gobernador en marzo de 2015.
Para el fiscal Sabadini, es clave desentrañar el procedimiento que derivaba en las certificaciones de las obras inconclusas o no iniciadas y autorizaba la liberación de los fondos a cooperativas incluso fantasmas.
CRÉDITO: HDP NOTICIAS
