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Funcionarios del Gobierno nacional se reunieron ayer con representantes del sector agropecuario y semillero para presentar su esquema de fiscalización de semillas, que contempla la participación privada en el control sin modificar la ley vigente. Según una de las entidades de la Mesa de Enlace, esta nueva reglamentación alcanzaría únicamente a las nuevas variedades que se inscriban.
El encuentro se realizó en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y estuvo encabezado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, acompañado por el titular de la cartera agropecuaria, Sergio Iraeta, y el presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Formulari.
Por el sector agropecuario participaron representantes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, CREA, Aapresid, junto con representantes del sector semillero.
Tras varias reuniones y debates, en las que el sector agropecuario propuso impulsar una nueva ley mientras la industria semillera abogaba por la adopción del convenio internacional UPOV 91, el Gobierno presentó su propuesta orientada a “fortalecer el control sobre semillas” sin modificar la ley de fondo, sino ofreciendo herramientas para hacerla efectiva.
El Ministerio de Desregulación detalló que uno de los ejes principales es el establecimiento de controles en el primer punto de entrega del grano, como acopios, plantas de procesamiento y puertos. Desde el Gobierno argumentaron que estos puntos son los más eficientes para el monitoreo, ya que concentran el flujo previo a su dispersión.
Asimismo, se prevé la integración con el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), por lo que todos los establecimientos que funcionen como punto de entrega primaria deberán estar registrados en dicha plataforma. Esto permitirá articular el control de identidad varietal con la infraestructura de trazabilidad fiscal ya existente.
Otro aspecto destacado es la incorporación del sector privado al control. El esquema contempla la participación de Cámaras Arbitrales y entidades que suscriban convenios con el INASE o estén habilitadas por este, en un modelo de articulación público-privada que aprovecha la capacidad técnica e infraestructura del sector sin reemplazar el rol de la autoridad de aplicación.
Respecto a los métodos de identificación varietal, los análisis se realizarán mediante protocolos reconocidos por el organismo público, con resguardo de muestras de respaldo. Los resultados serán remitidos directamente a los titulares de las variedades inscriptas en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, quienes podrán, en caso de corresponder, efectuar denuncias ante el INASE, que dará curso a las acciones sumarias pertinentes.
Además, el titular podrá promover las acciones civiles o penales que considere pertinentes, mientras que las infracciones serán sancionadas conforme al artículo 38 de la Ley 20.247.
El presidente de CRA, Carlos Castagnani, calificó la reunión como “positiva” y aportó un detalle no divulgado oficialmente: la nueva reglamentación se aplicaría únicamente a las nuevas variedades. Señaló que el esquema prevé que, a partir de muestras, se puedan determinar las variedades mediante análisis en laboratorios que deberán estar inscriptos. En una primera etapa, el control se realizaría sobre las bolsas.
Para Castagnani, esta propuesta representa “un adelanto importante” y afirmó que es “el principio de una solución que estábamos buscando todos”, destacando que “lo más importante para el productor es que es para acá en adelante”. Añadió que “no es retroactivo, por lo que no hay manera de que el productor esté peor o menos protegido que ahora”. Consideró que, pese a posibles matices, es un proyecto beneficioso que podría alcanzar un consenso favorable.
Finalmente, la Sociedad Rural Argentina ponderó el “espacio de diálogo” y sostuvo que se está transitando “el camino correcto”, valorando el compromiso de la Secretaría de Agricultura de trabajar en la jerarquización del INASE. La entidad se comprometió a continuar analizando el alcance del proyecto, evaluando su practicidad y el impacto real que tendrá sobre el productor agropecuario.
