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El gobierno de Javier Milei mantuvo paralizada durante dos años la cobertura de cargos vacantes en el Poder Judicial. Sin embargo, el nuevo ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, arribó con la tarea de completar esas vacantes y ya remitió al Senado más de 100 pliegos para jueces, fiscales y defensores oficiales. Ahora, su objetivo es reactivar concursos que permanecían detenidos en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Uno de estos procesos esenciales para la política y el poder es el concurso para la Cámara Federal de Comodoro Py, el tribunal clave donde se definirá el presente y futuro de las causas por corrupción. La Comisión de Selección del Consejo se reunirá este jueves para analizar el concurso 461, destinado a cubrir las vacantes que actualmente ocupan los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes fueron trasladados desde tribunales orales durante la gestión de Mauricio Macri. Dichos traslados fueron impulsados en ese momento por Mahiques, quien entonces representaba al Poder Ejecutivo en el Consejo.
La Comisión examinará dos dictámenes de candidatos: uno promovido por el kirchnerismo y otro por el juez Diego Barroetaveña. En tanto, Bruglia presentó el lunes una nota en el Consejo en la que objeta el concurso por irregularidades y porque la resolución del caso se encuentra pendiente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se está negociando una solución amistosa con el gobierno.
De avanzar la Comisión, el plenario del Consejo deberá aprobar la propuesta y, de ser así, el Poder Ejecutivo podrá designar a los nuevos ocupantes de estos dos puestos —de un total de seis en la Cámara. A ello se suma una tercera vacante posible: el juez Martín Irurzun, quien cumplirá en julio 75 años, la edad máxima para el cargo, y solicitó una prórroga por cinco años que, por el momento, el gobierno no impulsa ni parece dispuesto a conceder.
Los cargos de Bruglia y Bertuzzi tienen una historia compleja. El gobierno de Alberto Fernández objetó una veintena de traslados y buscó reemplazar a esos jueces. En respuesta, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió a fines de 2020 que dichos traslados no eran definitivos, sino provisionales hasta que se realizaran los concursos correspondientes. El Consejo impulsó solo los concursos para cubrir las plazas de Bruglia, Bertuzzi y del juez Germán Castelli, traslado que actualmente está a cargo del tribunal oral federal que lleva adelante el juicio por el caso de los cuadernos de la corrupción contra la ex presidenta Cristina Kirchner y empresarios de la obra pública.
El concurso para la Cámara Federal ha avanzado con más rapidez que otros procesos debido a impulsos políticos, aunque nunca contó con un acuerdo político unánime en el Consejo. Actualmente, el certamen está a cargo de los consejeros Diego Barroetaveña y la diputada kirchnerista Vanesa Siley, quienes presentaron dictámenes separados. Coinciden en que el primer candidato de la terna debe ser Fernando Poviña, juez federal de Tucumán y cercano al peronismo. También incluyen a la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona; al juez del tribunal oral de La Matanza, Julio César Di Giorgio; y a la coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Agustina Rodríguez, aunque difieren en el orden.
Las discrepancias radican en que Vanesa Siley propone como integrantes de la terna a la fiscal federal de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, y al juez de la Cámara Penal de la ciudad de Buenos Aires, Gonzalo Viña. Por su parte, Barroetaveña incluye en su lista a Pablo Bertuzzi y al juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, quien mantiene estrechos vínculos con Mahiques y formó parte con él y otros jueces y directivos del Grupo Clarín del polémico viaje a Lago Escondido, que fue objeto de una causa penal que terminó archivada.
De estas ternas, junto con una lista complementaria de otros aspirantes, el gobierno podrá elegir a dos candidatos para proponer al Senado. La discusión comenzará este jueves, y para ello el sector no kirchnerista del Consejo ha organizado una cena para este martes con el fin de dialogar y acercar posiciones.
Además del análisis de los dictámenes, la Comisión deberá resolver sobre una nota presentada por Bruglia, quien denunció “discriminación” porque solo se avanzó en su concurso luego de la orden de la Corte Suprema de que se debía hacer lo propio con todos los traslados. Entre otros casos, se encuentra pendiente el del juez Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, quien fue trasladado a la Cámara Federal de Casación Penal y aguarda la aprobación del Senado para continuar en su cargo por cinco años más.
Bruglia también señaló que el gobierno de Milei inició una solución amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a su traslado, donde los jueces cuestionan el fallo de la Corte Suprema. Además, criticó la intervención en su caso de Mahiques y su viceministro de Justicia y representante gubernamental en el Consejo, Santiago Viola. Bruglia recordó que, junto a Bertuzzi, procesaron a Viola por instigar a testigos a mentir sobre la supuesta presencia del juez federal Sebastián Casanello en la quinta de Olivos para reunirse con Cristina Kirchner, procesamiento que luego fue revocado por la Cámara de Casación.
“Debería abstenerse de opinar o intervenir en estas cuestiones su antiguo amigo y actual subalterno, el secretario de Justicia y representante del
