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Corrientes | Justicia y Educación
La justicia correntina sentenció a una profesora por abuso de autoridad y concusión, estableciendo una pena de prisión en suspenso e inhabilitación especial tras confirmarse cobros ilegales para garantizar calificaciones aprobatorias.
MERCEDES, CORRIENTES – En un fallo que sienta un precedente sobre la ética en el ámbito educativo provincial, la jueza de Garantías de Mercedes, doctora Simy Beatriz Benasayag, condenó a una docente de nivel secundario por los delitos de abuso de autoridad y concusión. La mujer fue hallada culpable de exigir pagos ilegales a sus estudiantes bajo la promesa de otorgar calificaciones aprobatorias en sus asignaturas.
La sentencia judicial Nº 85/26 establece una pena de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso, tres años de inhabilitación especial para ejercer cargos docentes y el pago de una multa de $360.000, cifra que representa el doble del monto de la exacción exigida. La resolución fue producto de un acuerdo de juicio abreviado pleno entre el fiscal del caso, Adrián Aurelio Casarrubia, y la defensa oficial, tras considerarse plenamente acreditados los hechos delictivos.
Los hechos: pagos por «productos» y transferencias digitales
La investigación judicial logró reconstruir dos episodios centrales ocurridos durante el año 2025, cuando la condenada se desempeñaba como profesora interina en el turno noche de la Escuela Nº 563 “Domingo Faustino Sarmiento”, en la localidad de Colonia Carlos Pellegrini.
El primero de los hechos tuvo lugar entre junio y julio de ese año. Según la sentencia, la docente ofreció a una alumna aprobar las materias sin necesidad de asistir a clases a cambio de $100.000. Tras un pago inicial de $30.000, la docente comenzó a hostigar a la estudiante vía WhatsApp, intimándola a completar el pago del «producto» —término utilizado para referirse al aprobado— bajo la advertencia de que, de no hacerlo, reprobaría el módulo.
El segundo hecho probado involucró a otra estudiante, a quien la docente le exigió la suma de $150.000. Ante la presión ejercida, la alumna efectuó una transferencia a través de la plataforma Mercado Pago en abril de 2025 para asegurar su promoción en la materia.
Pruebas determinantes y reparación del daño
Para arribar a la condena, la magistrada valoró un denso cuerpo de evidencias que incluyó capturas de conversaciones, audios, comprobantes de transferencias bancarias, declaraciones testimoniales y un expediente administrativo previo del Ministerio de Educación. En sus fundamentos, la jueza Benasayag subrayó que el conjunto probatorio fue analizado bajo las reglas de la sana crítica, resultando suficiente para quebrar el principio de inocencia.
«La resolución busca resarcir no solo el perjuicio económico directo, sino también las consecuencias extrapatrimoniales del acoso sufrido por las alumnas.»
Además de la condena penal, las partes acordaron una reparación civil por daños y perjuicios de $480.000, la cual será distribuida equitativamente entre las víctimas en cuotas mensuales. La magistrada calificó este monto como «prudencial y adecuado».
Reglas de conducta e inhabilitación
Durante el periodo de la condena, la mujer deberá cumplir estrictas reglas de conducta, entre las que se destacan la prohibición absoluta de ejercer la docencia en la localidad de Colonia Carlos Pellegrini y una restricción de acercamiento de 100 metros respecto a las denunciantes. Asimismo, deberá presentarse trimestralmente ante la Oficina Judicial de Mercedes para supervisar su situación legal.
Una vez que la resolución quede firme, el tribunal notificará oficialmente a la Policía de Corrientes, al Registro Nacional de Reincidencia y a los organismos estatales correspondientes para hacer efectiva la inhabilitación profesional impuesta.
