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Los registros genealógicos constituyen el núcleo de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Durante sus 160 años de historia, han sido fundamentales para el mejoramiento genético de las razas bovinas, ovinas, equinas y porcinas que distinguen al país.
El reciente intento de modernizar el sistema de inscripción, mediante la contratación de una nueva plataforma, fracasó y desencadenó acusaciones cruzadas en medio de una fuerte interna entre el presidente Nicolás Pino y su vicepresidente, Marcos Pereda, una situación poco habitual en la entidad, donde las diferencias generalmente se mantenían en reserva.
El conflicto comenzó el pasado sábado, cuando la SRA emitió un comunicado en el que reconoció que las “deficiencias verificadas durante el desarrollo y la ejecución del proyecto han generado un grave perjuicio a la entidad y sus socios, debido a respuestas extemporáneas, parciales y defectuosas, múltiples errores, fallas de funcionamiento y desarrollos comprometidos que no se realizaron por parte del proveedor”.
Según el relato oficial, el proyecto se inició en diciembre de 2021 con un Plan Estratégico liderado por el vicepresidente Marcos Pereda y su asesor Gustavo Papini, ex Director General Ejecutivo del Correo Oficial. Ambos impulsaron la incorporación de Gabriel Guerricagoitia, también ex Correo, para trabajar en el proyecto.
En 2023 se seleccionó a la empresa Mobile Computing, estableciéndose un plazo de nueve meses para la implementación, con ajustes tarifarios por inflación. Un año después, Papini dejó su cargo y comenzó a desempeñarse como director en Grupo Bermejo, empresa vinculada a Pereda. El sistema debía estar listo para la Exposición Rural de Palermo en julio de 2025, pero la Comisión Directiva decidió posponer el lanzamiento hasta septiembre. Sin embargo, al iniciar su operación, se detectaron numerosos errores, fallas de funcionamiento, desarrollos inconclusos, entregas parciales y limitaciones no informadas que impidieron su uso normal.
En enero reciente, se contrató una auditoría externa. Al comenzar este proceso, los responsables técnicos designados por Papini renunciaron intempestivamente, mientras que la empresa proveedora incumplió el servicio y rechazó someterse a la auditoría. Actualmente, ambas partes están en mediación judicial.
Ante este comunicado, la lista Renovación con Unidad, que postula a Pereda como próximo presidente de la Rural, rechazó las acusaciones y expresó que “la nota enviada a los socios no solo falta a la verdad, sino que constituye un intento deliberado de encubrir responsabilidades propias mediante un relato tergiversado, diseñado para desplazar el eje del problema hacia terceros”. Señalan que, como en toda institución presidencialista, “las decisiones estratégicas, los marcos de control y la ejecución final de cualquier proyecto recaen en quien conduce la entidad. Por ello, el único responsable del fracaso del sistema de registros es Nicolás Pino”.
Además, denuncian que la comunicación oficial admite que el contrato con Mobile Computing se firmó en junio de 2023, a pesar de las advertencias críticas del Estudio Cassagne, auditor legal de la SRA. Cuestionan: “¿Quién autorizó la firma del contrato ignorando tales alertas? ¿Bajo qué autoridad se permitió que un proyecto inicialmente planificado por nueve meses se extendiera por más de dos años sin los controles adecuados?”.
Según el equipo de Pereda, “este proceso ha costado a los socios más de tres millones de dólares. Resulta burdo intentar responsabilizar a Marcos Pereda, quien precisamente cuestionó oportunamente el esquema de decisiones concentradas que ahora se pone en evidencia”. Subrayan que fue desde su espacio desde donde se denunció el fracaso del sistema y solicitan “una auditoría independiente, con alcance completo desde la licitación original hasta la rescisión del contrato”.
Más allá del impacto económico, está en juego el futuro de los registros genealógicos, piedra angular de la Sociedad Rural. Curiosamente, Pino y Pereda ingresaron juntos a la entidad centenaria y llevan tres períodos de mandato, con una nueva elección prevista para septiembre.
Ambos asumieron como presidente y vicepresidente en 2019. En 2021, se modificaron estatutos para limitar a tres el número de mandatos de dos años, lo que implicaría que el mandato actual vence en 2026 y Pino no podría postularse a la reelección. Sin embargo, tras solicitar aclaraciones a la Inspección General de Justicia, y con un dictamen favorable del Estudio Cassagne, interpretan que Pino podría acceder a un mandato adicional, dado que la autoridad considera que la norma no es aplicable a quienes ya están en funciones y considerando que asumieron en plena pandemia.
Marcos Pereda proviene de dos familias con fuertes lazos con la Rural. Su abuelo, Celedonio Pereda, fue uno de los presidentes más destacados de la entidad. Por vía materna, su madre Matilde Born integró el influyente grupo Bunge y Born, histórico en la agroindustria argentina. Pereda, de 60 años y ligado al Grupo Bermejo, maneja más de 50.000 cabezas de terneros terminados en feedlots propios, además de contar con negocios en agricultura, forestación, apicultura y vitivinicultura.
Por su parte, Nicolás Pino, sin posesiones propias, está vinculado al negocio ganadero mediante campos alquilados y ha desarrollado una estrategia basada en la proximidad con el poder, manteniendo una relación especial con Javier Milei. Su vocero, Carlos Curci, fue designado interventor de Radio y Televisión Argentina por el presidente.
En su gestión, Pino ha apostado a la prudencia y a la obtención de resultados, enfoc
